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Intervenciones a la Honorable Corte Constitucional de Colombia en relación con los desarrollos legislativos para la implementación del acuerdo del fin del conflicto armado entre el Estado de Colombia y las FARC-EP en marco del proceso de vía rápida legislativo conocido como “Fast Track”


"Y hoy es el día en que suelto la paloma torcaz, para que vuele llevando el olivo de mi pensamiento convertido en idea y sea conocido por todos los hombres que me han odiado y me odian deseándome la muerte." Manuel Quintín Lame Chantre

Presentación

El proceso de implementación normativa del Acuerdo de la Habana cada vez se parece más un proceso de renegociación de lo acordado dada las intenciones del gobierno nacional de limitar los alcances y cambios en la estructura social colombiana que traen los acuerdos. En relación con los derechos de los Pueblos Étnicos la situación es más compleja, dadas las claras intenciones del gobierno nacional de desconocer derechos y salvaguardas que quedaron consignadas en la Capìtilo Étnico de los acuerdo (Numeral 6.2) saltando escenarios consagrados en la constitucion nacional y en la legislación internacional como el derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de desarrollos normativos o acciones que afecten la vida, el territorio o los usos y costumbres de las comunidades y pueblos Negros, Indígenas, Rrom, Raizales y Palenqueros.

Esta situación es evidente al ver como en más de 40 iniciativas legislativas que han reglamentado el acuerdo de la Habana, entre decretos, proyectos de ley, y los que se están tramitando en el Congreso de la República, aún bajo el entendido de la transversalidad del enfoque étnico, solamente 4 han sido sometidas a Consulta Previa en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas y  con la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rom, mientras se negó el derecho a la Consulta Previa de la totalidad de los desarrollos normativos al Pueblo Negro, dada la falta de voluntad política de Ministerio del Interior de dinamizar una ruta para el “Fast Track” con el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras.

En este contexto el monitoreo, impulso, verificación y seguimiento a la implementación del acuerdo de la Habana y la afirmación del enfoque transversal étnico y de género, mujer, familia y generación viene siendo un desafío para los pueblos y un escenario en disputa con el gobierno nacional y hasta con las FARC-EP, dado el profundo desconocimiento de las cosmovisiones, cosmogonías y usos y costumbres de los pueblos Negros, Indígenas, Rrom, Raizales y Palenqueros que hay que recordar son fundamento de la identidad plurinacional, multiétnica y multicultural de la sociedad colombiana, y hacen gestión ecológica, protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural de más de 40 millones de hectáreas del territorio nacional.

Por su parte la situación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, donde participamos como CENPAZ junto con otras organizaciones y pueblos que construyeron el capítulo étnico de los acuerdos de la Habana y que confluyen en la Comisión Étnica de Paz, es así mismo un escenario en disputa con el gobierno nacional que viene desconociendo sistemáticamente las funciones de la Instancia consagradas en el Capítulo Étnico de los acuerdos, en un escenario de falta de confianza en el proceso de implementación y en la palabra de un gobierno que firma acuerdos para incumplirlos reiteradamente. A nivel territorial, se vienen desconociendo el derecho a la participación y la consulta de las comunidades y pueblos del proceso de implementación que se suman a situaciones muy dolorosas como el asesinato sistemático de líderes de las comunidades campesinas, excombatienes de las FARC y sus familias y de los pueblos étnicos en las regiones y territorios donde históricamente se ha desarrollado la guerra.

En medio de esos escenarios, desde la Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ, seguimos caminando en esperanza en movimiento, generando propuestas, debate y articulación entre pueblos, con el campesinado y con los millones de jóvenes y organizaciones urbanas que reclaman su derecho a la paz como una bandera para construir una Colombia que se afirme en la diversidad de sus pueblos, sus culturas y rescate la apuesta por el Buen Vivir para todas y todos superando las condiciones de miseria que impone el capitalismo como sistema global.

Recordar que el control de constitucionalidad de los desarrollos normativos para la implementar el acuerdo de la Habana, quedo estipulado que se desarrollará por la Honorable Corte Constitucional y en esa revisión se hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a que presenten sus intervenciones. En ese sentido adjuntamos nuestras consideraciones y propuestas en relación con los siguientes 4 decretos, sancionados presidencialmente a finales de mayo de 2017:

·             Decreto Ley 902 del 29 de Mayo de 2017 “por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo Final, en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.
·             Decreto Ley 893 del 29 de mayo de 2017 “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial-PDET”

·             Decreto Ley 885 del 29 de Mayo de 2017 “Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia”.

·             Decreto 896 Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito –PNIS
COORDINACIÓN ÉTNICA NACIONAL DE PAZ – CENPAZ, Agosto de 2017



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