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COMUNICADO A LA OPINIÒN PUBLICA

La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana y Cofaina Jardines de Sucumbíos Ipiales (Nariño) informamos a la opinión publica la inconformidad y rechazo que existe por parte del movimiento social campesino, indígena  y afrodescendiente frente a los reiterados incumplimientos por parte de gobierno nacional a los diferentes acuerdos que ha llegado con las comunidades, entre estos  incumpliendo citamos al acta de 19 de Septiembre del 2014 suscrita con la MEROS, así como también los incumplimientos y dilaciones con las comunidades de la Zona de Reserva campesina y las comunidades del corregimiento Piñuñablanco, acta suscrita el pasado 22 de Marzo del presente año y que a la fecha no tiene avance significativos para las comunidades.

Del acta del 19 de Septiembre de 2014 se conformaron cuatro comisiones, comisión  de derechos humanos, comisión minero energética y ambiental, comisión de sustitución de cultivos de uso ilícito, comisión de inversión social; a la fecha hacemos un balance responsable de lo que se ha avanzado entre estas citamos las siguientes:

1.             La Comisión de Derechos Humanos, realizó una Misión de Verificación en Terreno con acompañamiento de las partes, garantes y facilitadores donde se identificó las vulneraciones de los DDHH y el DIH que denunciaban las comunidades, esta Misión arrojó un Informe, en el que se establecieron las responsabilidades institucionales con un plan y ruta de trabajo conjuntos de cara a la Verdad, la Justicia y las Garantías de No Repetición, hay que decir que a la fecha las recomendaciones que se establecieron en dicho Informe de verificación no se han materializado plenamente, por el contrario el plan de trabajo con responsabilidad en las instituciones del nivel nacional, se ha venido dilatando en el ejercicio de la Comisión, la cual no volvió a reunirse; mientras las vulneraciones de los DDHH y las infracciones al DIH, siguen siendo una constante en los territorios.

2.             La Comisión Minero Energética y Ambiental, tuvo como objetivo la revisión y evaluación del cumplimiento de la Resolución 1930 del 01 de Octubre de 2010 que otorga Licencia Ambiental por parte de la ANLA al Proyecto de Producción y Explotación de Hidrocarburos en Desarrollo de los Campos Quinde, Cohembí y Quillacinga del Bloque Sur Oriente en el corredor Puerto Vega-Teteyé, del Municipio de Puerto Asís, Putumayo; este trabajo concluyó el pasado 13 de Mayo del año en curso; donde las partes expusieron las conclusiones y recomendaciones de dicho informe técnico, en este se pudo evidenciar una vez más y con argumentos técnicos y científicos como las comunidades tienen la razón en sus apreciaciones frente a las contaminaciones ambientales y por tanto los problemas sociales y culturales que han acarreado por la intervención petrolera. Una vez más las comunidades rechazamos la incursión y explotación petrolera por parte de operadoras, así como también rechazamos la renovación de la Licencia aprobada por la ANLA a través de la Resolución 0073 del 27 de enero de 2016, insistiendo una vez más en realizar operaciones petroleras en las comunidades, negando la existencia de las comunidades indígenas, palanqueras y campesinas de la región.  

3.             La Comisión de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tenía como objetivo principal avanzar desde el 19 de septiembre de 2014 con el Gobierno Nacional en un proceso de concertación que permitiera construir conjuntamente un Plan De Sustitución de Cultivos de Coca, las comunidades vimos la posibilidad de concertar desde una salida razonable, humana y social una solución a esta problemática. Cuando conocimos que en la Habana, Cuba, en los Diálogos que se adelantan entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, para el Punto 4, “Solución al Problema de Drogas”, se había acordado parcialmente los puntos de nuestras propuestas y que se denominaría Programa Nacional de sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, celebramos que contenía de manera concertada y gradual la inclusión de Planes de Desarrollo Integrales con enfoque territorial, étnico y de género para poner fin a esta problemática social, surgida por el uso ilícito de la Coca.

Así entonces otro de los objetivos de la Comisión fue concertar la financiación de la formulación desde las comunidades del Plan De Desarrollo Integral Andino Amazónico (PLADIA 2035), el cual viene avanzando, pero el principal y gran objetivo que es la concertación y construcción de la Propuesta de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la región, a la fecha no avanza y se ha visto dilatada.

No avanzar en la Propuesta de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito concertada, gradual e integral, conlleva a que en el interior de los territorios y de las comunidades se agudicen los conflictos con el Ejército Nacional quienes están desarrollando operaciones de erradicación forzosa manual que comprometen el DIH, sin la aplicación de planes de contingencia que eviten como lo ordena el mandato constitucional vigente, que evite el desplazamiento forzado y amenace la vida e integridad física y psicológica de los campesinos y campesinas en su derecho al desarrollo rural.

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de la Región, EXIGIMOS la derogatoria de la Licencia Ambiental Resolución 708 del 11 de julio de 2016 que emitió la ANLA, donde se aprueba el plan de manejo ambiental presentado por el Ministerio de Defensa para que la Fuerza Pública  en sus operaciones de erradicación forzada utilicen la fumigación manual con glifosato contra los cultivos de uso ilícito, medida que agudizará el conflicto en la comunidades, siendo contraria a las voluntades expresadas en el Proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Habana, Cuba; hoy las comunidades manifestamos una vez más nuestra voluntad de sustituir los cultivos en la medida en que se responda con las soluciones que por décadas venimos exigiendo.

En esta región del sur de Colombia, desde hace más de dos décadas hemos venido insistiendo en que las medidas represivas como el abuso de la autoridad por parte de la fuerza pública, la erradicación forzada manual, la aspersión con glifosato o fumigación manual con agro tóxicos, los disparos indiscriminados, las ejecuciones extrajudiciales no son métodos para acabar con una problemática económica y social. La propuesta de las comunidades que hemos venido construyendo, es una propuesta que soluciona definitivamente los problemas estructurales del campo, pero que garantiza mejores condiciones de vida para nuestras familias, respeto y garantía de los derechos humanos. Proponemos avanzar en la concertación de esta problemática y que se suspenda las erradicaciones forzosas manuales y la persecución a los campesinos.

4.             La Comisión de Inversión Social hasta la fecha no avanza en lo planteado en el acta inicial, por el contrario, ha sido un espacio que se ha venido dilatando hasta la fecha.

Debemos enfatizar que los acuerdos alcanzados con las comunidades de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica y las comunidades del Corregimiento de Piñuñablanco hasta la fecha solamente han avanzado en una visita de verificación con la ANLA,  han sido acuerdos que solamente se han visto reflejadas en gestiones del nivel administrativo por parte del Gobierno Nacional y sus Ministerios pero que carecen de orden metodológico y logístico, pues la presencia de los garantes y facilitadores de los Diálogos Regionales ha sido intermitente y a la fecha no se ha respondido a los intereses y exigencias de las comunidades, con planteamientos reales y acordes a la historia de los mismos Diálogos Regionales y el contexto de la región.

Los Diálogos entre Gobierno Nacional y la Mesa Regional De Organizaciones Sociales deben avanzar, es imperante que se brinde a las comunidades soluciones que garanticen el buen vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Hasta no definir una hoja de ruta de concertación, diálogo y cumplimiento por parte del Gobierno Nacional a partir de la fecha 25 de julio de 2016 estaremos en constante ejercicio Asambleario y de Movilización hacia las diferentes cabeceras municipales de la región; por lo mismo exigimos se nos brinde garantías para nuestro Derecho a la Protesta Social, y en el marco de la misma se nos respete los DDHH y el DIH.

Por nuestra vida, nuestro territorio, y las futuras generaciones que construimos desde el dialogo y el cumplimiento de lo pactado paz con justicia social.



MESA REGIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA BAJA BOTA CAUCANA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBÍOS Y PUTUMAYO.

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