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"La vida no tiene precio, los muertos no quedan atrás, sino que van adelante mostrando el camino"
Foto: Internet

2016/ Abril 06/ Por: Comité de Comunicaciones -Alejandra Montoya Bulla-

La Masacre del Nilo es el imborrable recuerdo en la memoria de los indígenas de la aterradora noche del 16 de diciembre de 91 y de la impunidad institucional que aún impera en nuestro país.

En el departamento del Cauca, exactamente en el municipio de caloto se presentó el ataque contra comuneros indígenas (Nasa) de esta localidad, por parte de un número no determinado de hombres que portaban armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas quienes arribaron intempestivamente al lugar y realizaron el atroz acto.

Previo a la masacre, la comunidad realizó denuncias de manera pública asegurando el grave peligro que enfrentaba el proceso de las Mingas de Liberación sin embargo el estado hizo caso omiso y no optó por medidas preventivas para la seguridad de los indígenas, aquella trágica noche, veinte indígenas entre hombres y mujeres fueron masacrados en la hacienda el Nilo.

En 1995, el Estado Colombiano acepto su responsabilidad en el hecho perpetrado contra nuestra comunidad nasa; el entonces presidente Ernesto Samper estableció unos acuerdos en dónde el estado se comprometía con el pueblo indígena a entregar a las víctimas de la masacre 15663 hectáreas de tierra, adoptar medidas de reparación social a los familiares de las víctimas, juzgar y sancionar a los responsables del hecho e investigar de manera completa, ecuánime e incorruptible.

A partir de aquella masacre del 1991 se dio el auge al asesinato de otros indígenas, veinte cinco años después de aquel terrible suceso, tristemente se observa el aumento de muertes de compañeros que continúan en el ejercicio de Liberación de Nuestra Madre Tierra, el incumplimiento notorio de los compromisos del Estado Colombiano y la impunidad institucionalizada. Infortunadamente lo que realmente se conserva es la historia de horror de aquella imborrable fecha en la memoria de los indígenas.

De acuerdo con El artículo 7 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 se informa y documenta que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; pero trayendo este derecho a la realidad, se observa que no se brinda una estabilidad social para con el pueblo indígena. El Estado no reconoce, ni mucho menos protege la diversidad étnica y cultural.

El artículo 7 de la constitución política de Colombia es simplemente una palabra sin acción, una palabra vacía. Pero este artículo no debe ser letra muerta, es deber del Estado Colombiano ejecutar actos que puedan denotarse y que en realidad construyan una Colombia que rescate el valor de la diversidad étnica y cultural; La vida no tiene precio, los muertos no quedan atrás, sino que van adelante mostrando el camino; el proceso del Nilo es un procedimiento que no se ha finalizado se sigue en la lucha por los hechos sucedidos, “Juntos podemos hacer el País que queremos”.


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