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¿Qué pasó entre el 18 de julio  y el 3 de octubre de 2014? En menos de 100 días el Presidente Santos dio una de las carambolas más raras de la historia de la legislación de tierras en Colombia.

GOLPE A LOS BALDÍOS: CARAMBOLA EN LA HABANA
Camilo González Posso

¿Qué pasó entre el 18 de julio y el 3 de octubre de 2014? En menos de 100 días el Presidente Santos dio una de las carambolas más raras de la historia de la legislación de tierras en Colombia:

Primer acto. En julio, ya electo presidente y a solo tres semanas de posesionarse, cuando todavía era Juanpa, firmó la Ley 1728 por medio de la cual se establece sin ninguna duda que “Los terrenos baldíos objeto de la presente ley, serán adjudicados exclusivamente a familias pobres”  (Parágrafo 2. Ver Diario Oficial 49216). De esta manera,  con firma de Lizaralde como Ministro, de Cristo como Presidente del Senado y sanción presidencial después de idas y venidas, se zanjó un debate de cuatro años ratificando el sentido de la Ley 160 de 1994 cuando estableció que los baldíos estaban destinados a los colonos campesinos que los estaban usufructuando y que los predios asignados a ellos no podrán exceder el área de una Unidad Agrícola Familiar, estimada suficiente para la subsistencia de la familia campesina según las características de la zona en la cual se ubica el predio.

Segundo acto. El 3 de octubre, día que Santos instaló la mesa única con la Cumbre Agraria, su Ministro de Agricultura entregó a la Cámara de Representantes el proyecto “PL 133-2014c- Terrenos Valdíos” (sic) por medio del cual se anula el sentido social de la ley vigente para darle prioridad a la entrega de los baldíos para macroproyectos en Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico – ZIDRES.

Fue mal presagio que la Ley 1728 pasara de inmediato a la clandestinidad y que se perdiera el segundo folio que contiene el parágrafo 2 destinado “exclusivamente a familias pobres”. Semanas antes el gobierno había decidido retirar del Congreso de la República el proyecto radicado por el ministro Lizaralde que pretendía cambiar los artículos de la Ley 160 que han sido violentados por los grandes inversionistas concentradores de predios en la Altillanura. En plena campaña de reelección, al Presidente–candidato le dio vergüenza o le pareció un mal cálculo electoral darle el visto bueno a un proyecto que sus asesores de paz calificaron como un golpe contra los acuerdos en La Habana y sus asesores económicos como inoportuno.

El escándalo estaba al rojo vivo pues Lizaralde fue recusado por actuar en interés propio al proponer lavar la ilegalidad de la compra de predios originarios en baldíos mediante trucos para intentar burlar  las normas anticoncentración y de protección de territorios destinados a etnias, campesinos y pequeños finqueros. La Contraloría General de la Nación, respaldada en sentencias de la Corte Constitucional, había iniciado  investigaciones en contra de las pretensiones de Lizaralde - Ocampo, la familia de Aurelio Iragorri, lo mismo que de otros muy poderosos como Cargill, Mónica SAS, Poligrow, The Forest Company,  Riopaila, Corficolombiana, Manuelita, quienes “de manera directa o indirecta o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron de manera irregular y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley  160 de 1994” (CGN, Acumulación irregular de baldíos en la Altillanura Colombiana, página 110, Bogotá D.C. mayo de 2014).


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